En tanto, por el lado de la oposición los disputados del Peronismo Federal, el radicalismo y la Coalición Cívica presentarán hoy un proyecto de ley conjunto que contempla la "derogación del decreto presidencial" que reglamenta la Ley. Mientras tanto, la Corte Suprema debe expedirse acerca del artículo 161, el cual plantea un plazo de un año para adecuar la cantidad de licencias a la nueva medida.
"Vamos a presentar un proyecto derogando el decreto reglamentario de la ley, porque todavía están abiertas todas las instancias judiciales", afirmó la diputada del PJ disidente, Zulema Daher. Por su parte, el jefe del bloque Pro en Diputados, Federico Pinedo, indicó que "la reglamentación en ningún caso supera la suspensión de un juez".
Lo cierto es que una ley nacional no puede suspenderse en su totalidad, aunque alguno de sus artículos no hayan entrado en vigencia aún. De hecho, la mayoría de los escollos judiciales fueron sorteados con éxito, dada la insustentabilidad de los argumentos que motivaron las medidas cautelares.
Si bien existen puntos conflictivos que requieren mayor debate y precisiones, como por ejemplo el mencionado artículo 161, la cuestión de la distribución de la pauta oficial, o la implementación de un fondo de promoción para el financiamiento de pequeños medios locales y de organizaciones sociales, hay que reconocer que sin el marco de la nueva ley de medios no podrían discutirse estos temas en absoluto.
La oposición, principalmente los sectores encabezados por la PRO, el Peronismo Federal, y la Coalición Cívica el extremo político más enfrentado con el gobierno nacional, casi de inmediato de conocida la firma del decreto, salieron a anunciar a través de sus referentes en el parlamento que presentarían un proyecto de ley para derogarlo.
Buscan derogar un decreto reglamentario, cuya firma significa ni más ni menos que la continuidad de un trámite legal para poner en vigencia una norma y no se trata en absoluto de una situación extraordinaria, y que consecuentemente pondrá en funcionamiento una ley que fue votada por el congreso. De esta forma el poder legislativo estaría frenando la aplicación de una ley que avaló, aunque con otra composición política, hace diez meses.
¿Simple insensatez? No. Precisamente en las especulaciones políticas está la razón de tamaña aberración jurídica. Suele hablarse en demasía de la intromisión del Poder Ejecutivo en los asuntos propios de los otros de los poderes del Estado. No está mal advertirlo. Pero en este no es el caso.
La ley de medios fue remitida al congreso, y fue aprobada. Hubo que armarse de paciencia y esperar que la justicia decida acerca de las cautelares que mantenían suspendida la ley. Los fallos fueron favorables para con la nueva ley. Son ahora los poderes Judicial y Legislativo los que se entrometen en acciones que son potestad del Ejecutivo. Esta situación también vulnera la institucionalidad.
